La Administración hace oídos sordos a las exigencias de la Ley de Morosidad, que entró en vigor en julio de 2010. De hecho, el año pasado el sector público (que debe unos 40.000 millones de euros a las empresas españolas, lo que supone más de la mitad de la deuda total) tardó en pagar sus facturas 157 días, tres más que en 2009. El dato está muy lejos de los 50 días que fija la ley.
"La Administración tiene que dejar de financiarse a través de las pymes", pidió ayer Rafael Barón, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, durante el acto de presentación de una encuesta correspondiente al año 2010. Barón añadió que los gobiernos locales son los más morosos (con cerca de 33.000 millones en deudas).
Además, señaló que el equipo jurídico de la plataforma (que agrupa a un millón de compañías) está preparando varias demandas por impagos, la mayoría de ellas contra empresas del sector de la construcción (uno de los más morosos), aunque explicó a elEconomista que también prevén actuar contra los consistorios deudores.
Facturas fuera de plazo
La buena noticia es que en 2010 las empresas privadas tardaron en pagar 93 días, ocho menos que el año anterior, aunque siguen rebasando el plazo legal, de 85 días. Una reducción que la plataforma calcula que supone unos 1.800 millones de euros. El experto en morosidad Pere Brachfield estima que la deuda de empresas privadas podría ascender a unos 30.000 millones.
De esa cifra, cerca de un 30% (unos 9.000 millones) no se cobrará nunca, según Brachfeld. La Administración, al contario que las empresas, siempre acaba pagando, aunque sea mucho tiempo después de la prestación del servicio o la venta del producto.
Al contrario de lo que buena parte de la población ha percibido, la ley de Morosidad (que en realidad es la revisión de una ley de 2004) es más severa con las administraciones públicas que con las empresas. Según explica Pere Brachfield, la nueva norma establece que, en caso de que una empresa denuncie a un organismo público moroso, éste deberá abonar la cantidad adeudada incluso antes de que se celebre el juicio.
Este pago preventivo supone un avance importante. Antes de que se revisase la ley, "el acreedor podía pasar hasta cinco años intentando que le pagasen sus facturas", dice este experto; ahora, la norma tiene en cuenta que en un 90 por ciento de los casos la sentencia va a ser a su favor y le anticipa la cantidad adeudada.
El experto en moras cree que lo ideal sería establecer un sistema parecido para las empresas: "Deberían establecerse medidas preventivas, que al deudor le embargasen un patrimonio suficiente para que, una vez concluido el proceso legal, respondiese por la deuda". Este experto cree, sin embargo, que es complicado que estas medidas se apliquen, ya que los jueces están, de entrada, a favor del deudor (lo que en lenguaje jurídico se denomina in favor debitoris).
Sin intereses
"En España, la gran mayoría de las empresas no cobra intereses por los retrasos en el pago. No entra en su cabeza exigirlos", comentó Rafael Barón durante la presentación del informe. Unos intereses que, según establece la ley, deberían ser del 8%.
Además, 64 de cada cien compañías pactan actualmente con sus clientes plazos superiores a los que establece la ley, lo cual es denunciable, según el presidente de la Plataforma contra la Morosidad. El gran problema es que todavía no se han establecido sanciones para los morosos, según explicó Barón, que comentó que la plataforma a la que representa está elaborando una propuesta al respecto.
En cuestión de cobros y pagos, España no tiene nada que ver con muchos de sus vecinos europeos. De hecho, sólo los países latinos (como Portugal e Italia) presentan estas tasas de morosidad. "En otros países no es necesario promulgar una ley; a ninguna empresa ni administración se le ocurre dejar de pagar", señaló Barón.
En lo que respecta a los sectores más deudores, el constructor está en cabeza, con un ratio del 8,8%. Lo siguen los servicios (con un 3,5%) y la industria (2,2%). En el lado positivo, Rafael Barón destacó que en 2010 conocían la ley 93 de cada cien empresas, más del doble que en 2009.
Copiado de www.eleconomista.es
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS CONTRA LAS ADMINISTRACIONES EN CASO DE MOROSIDAD ?
Las administraciones tienen la obligación de abonar dentro de los 50 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones o de la realización del contrato. Si no lo hacen, deben abonar al acreedor intereses de demora que, hoy por hoy, son del 8% anual. La ley 15/2010 ha introducido un procedimiento ágil y efectivo para reclamar las deudas, ya que el acreedor reclama el pago por la vía administrativa y , si al cabo de un mes no ha cobrado, puede iniciar la reclamación judicial solicitando el pago cautelar de la deuda. Así, aunque la sentencia se demore varios años el contraratista habrá cobrado, pero muchos no se atreven a iniciar el procedimiento legal por miedo a perder contratos.
Copiado de Dinero y Empleo 2011-05-15. Entrevista a Pere J. Brachfield.
